CIUDAD DE MÉXICO, 26 mar.2021 (IPS) - En marzo de 2014, Noemí N. se quitó la vida dentro de un campamento de refugio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hasta ahora no existen albergues especializados para víctimas de trata de personas.

Noemi N se ahorcó con una cortina de baño alrededor del cuello después de ser rescatada de un traficante de migrantes que la llevó para venderla en Estados Unidos sin ningún documento personal. Ella solo tenía 8 años.

Su muerte provocó una ola de noticias sobre los refugios para víctimas en México, donde las cifras más conservadoras indican 120.000 nuevas víctimas de explotación humana cada año, principalmente niñas y mujeres.

Los criminales mexicanos que lideran este crimen organizado son tan variados como peligrosos. Los componen 47 grupos, que van desde familias enteras dedicadas a la explotación sexual hasta el cartel más poderoso del mundo, Jalisco Nueva Generación, considerados como los destinos turísticos más importantes que fomentan el turismo sexual.

Los delincuentes crean un aumento en las víctimas, mientras que el país sufre una escasez de lugares seguros donde las víctimas pueden ser protegidas, pueden buscar justicia y comenzar una nueva vida. Solo cuatro estados mexicanos tienen un albergue especializado del gobierno.

Estos edificios gubernamentales suelen funcionar con un presupuesto limitado y una capacidad reducida de personal que trabaja horas extra para atender al 1% de las víctimas que logran huir de sus captores y sobrevivir para contar su historia.

El resto de los refugios mexicanos —unos diez— son administrados por organizaciones no gubernamentales que hacen todo lo posible para mantenerlos abiertos y atendidos a través de donaciones y loterías.

Comisión Unidos Vs Trata y Fundación Camino a Casa son organizaciones civiles pioneras en la creación de estos espacios seguros. Sus refugios han albergado a más de 300 sobrevivientes desde 2007 y no dependen de fondos gubernamentales.

En México, las tres últimas administraciones federales han estado en manos de tres partidos políticos diferentes: el conservador Acción Nacional, el centrista Revolucionario Institucional y el izquierdista Morena.

Debido a estos cambios políticos, un modelo económico que requiera dinero del gobierno haría que los refugios dependan de cada campaña electoral.

Solo la independencia del poder político garantiza que estos espacios seguros permanezcan abiertos todos los días de cada año, independientemente de los eventos, incluidas las elecciones.

Sin embargo, esa libertad tiene sus costos. A veces costos muy altos. Por ejemplo, los defensores de los derechos humanos que administran refugios nunca saben exactamente cuánto podrán recaudar cada año y si ese dinero será suficiente para cubrir las necesidades básicas.

Cada sobreviviente requiere una inversión de aproximadamente $ 900 por mes para comida, ropa, servicios legales, honorarios médicos y psicológicos, asistencia escolar y algo de recreación o diversión.

Además, otros costos varían según cada víctima: Comisión Unidos Vs. Trata y la ONG Alas Abiertas han concertado cirugías reconstructivas gratuitas para Zunduri, torturado en una tintorería; la compra de dos vehículos para que Erika y Estrella, obligadas a prostituirse, pudieran tener un ingreso conduciendo taxis; o el salario de una de las mejores activistas del mundo, Karla, que sobrevivió a más de 43 mil violaciones desde que tenía 12 años.

Y, por supuesto, está el problema de la seguridad. Un refugio es la última barrera entre una víctima y un agresor. Es donde una víctima se recupera, se recupera, se empodera, se pronuncia y decide iniciar una investigación judicial contra su agresor.

Es por eso que los refugios son el objetivo del crimen organizado. Los delincuentes localizan las casas, las vigilan, acechan a los que entran y salen de allí, persiguen a los juzgados y envían amenazas de muerte esperando que derriben o derriben los muros que protegen a sus víctimas.

El riesgo también se extiende al ámbito legal de quienes gestionan los albergues. Estos son lugares donde los usuarios tienen una alta probabilidad de suicidarse, agredir físicamente al personal que los cuida… incluso agredir sexualmente a otros sobrevivientes.

Son espacios complejos, pero también maravillosos. Sin los albergues, sería imposible tener más de mil sentencias contra los traficantes de personas, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México, donde las autoridades han hecho un trabajo extraordinario manteniendo abiertos los albergues, a pesar de las dificultades y la violencia reiterada.

Este mes, la secretaria de Gobernación del gobierno mexicano, Olga Sánchez Cordero, hizo un anuncio histórico: el actual gobierno buscará mayores vínculos con los albergues de la sociedad civil para avanzar en la defensa de los derechos humanos.

Las frecuentes visitas del gobierno para supervisar el funcionamiento diario de estos albergues dan esperanza y abren un nuevo capítulo en la cooperación entre autoridades y activistas.

Por eso, millones de nosotros soñamos con abrir un albergue en cada entidad del país, por su incalculable valor para un país que anhela la paz y la justicia.

La autora es una activista de derechos humanos que abrió el primer refugio para niñas y adolescentes rescatadas de la explotación sexual comercial en México. Ha publicado cinco libros sobre prevención de la trata de personas; ella es la Representante electa de GSN Global Sustainability Network en América Latina.