La Alcaldía Miguel Hidalgo asegura que terminó la era de la simulación en materia inmobiliaria. Mauricio Tabe anunció que su administración ha obligado a diversos desarrolladores a cumplir obras de mitigación pendientes desde hace años, generando mejoras urbanas valuadas en alrededor de 600 millones de pesos. El mensaje es claro: quien construya deberá asumir también los costos que su proyecto genera sobre el entorno.
En una ciudad donde el crecimiento inmobiliario suele ir más rápido que la infraestructura urbana que lo sostiene, la discusión sobre quién debe pagar los impactos del desarrollo ha cobrado una nueva relevancia. Calles saturadas, banquetas deterioradas, alumbrado insuficiente y espacios públicos presionados por la llegada de nuevos habitantes forman parte de una realidad que durante años ha generado tensiones entre vecinos, autoridades y desarrolladores.
Bajo ese contexto, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, presentó un balance de las obras de mitigación que distintos desarrolladores inmobiliarios mantenían pendientes y cuya ejecución, afirmó, está siendo vigilada de manera estricta por el gobierno local.
Las mitigaciones no son un favor
El eje central del mensaje del alcalde fue que las obras de mitigación representan una obligación legal y social para quienes desarrollan proyectos inmobiliarios de gran escala. Según explicó, estas acciones buscan compensar el impacto urbano que generan las nuevas construcciones en las colonias donde se establecen.
Tabe sostuvo que durante administraciones anteriores existieron prácticas de corrupción y simulación que permitieron que algunos compromisos quedaran sin cumplirse. Frente a ello, aseguró que la política actual consiste en condicionar diversos trámites a la ejecución efectiva de las obras comprometidas.
“Aquí no hay arreglos en lo oscurito”, advirtió el alcalde al recalcar que el interés principal de la administración es garantizar beneficios tangibles para las comunidades afectadas por el crecimiento inmobiliario.
La advertencia dirigida a las empresas desarrolladoras fue contundente: quienes no cumplan con sus obligaciones de mitigación no obtendrán los permisos de uso y ocupación necesarios para poner en operación sus inmuebles.
Diez proyectos bajo seguimiento permanente
Acompañado por Roberto Remes, director ejecutivo de Desarrollo Urbano y Espacio Público, y por César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Tabe informó que durante el último año la alcaldía ha dado seguimiento puntual a diez grandes desarrollos inmobiliarios para verificar el cumplimiento de sus compromisos urbanos.
La intención, explicó, es que las compensaciones no permanezcan únicamente en documentos administrativos, sino que se traduzcan en infraestructura visible y funcional para los vecinos.
Entre los proyectos destacados figura la intervención de BeGrand, que ya inició trabajos de repavimentación en Lago Alberto. También sobresale el proyecto integral de Presa Falcón, donde se prevé rehabilitar banquetas y jardineras, mejorar el alumbrado público y consolidar un corredor verde que favorezca la movilidad peatonal y ciclista.
Asimismo, la administración señaló que mantiene mesas de trabajo con Grupo Carso para asegurar el cumplimiento de los compromisos asociados a sus desarrollos inmobiliarios.
Espacio público como principal beneficiario
Más allá de las disputas administrativas, uno de los resultados más visibles de esta política ha sido la recuperación de diversos espacios públicos dentro de la demarcación.
Entre las intervenciones mencionadas por el alcalde destaca la renovación integral del Parque Jaime Torres Bodet, donde se rehabilitaron 5 mil 200 metros cuadrados de senderos, se sustituyó mobiliario urbano y se incorporaron jardines de lluvia orientados a mejorar el manejo sustentable del agua.
En Lomas de Chapultepec se realizaron trabajos sobre más de 4 mil metros cuadrados de banquetas, además de la construcción de seis cruces seguros y el reforzamiento de muros de contención. Por su parte, Campos Elíseos recibió una rehabilitación integral que incluyó pavimentos, banquetas, alumbrado, áreas verdes y señalización urbana.
A estas acciones se suman obras actualmente en ejecución, como la recuperación del espacio público en Sur 128 y trabajos de repavimentación en Poniente 75, en la colonia América.
Un modelo que busca cambiar las reglas del desarrollo urbano
Uno de los datos más relevantes presentados por la alcaldía es el valor económico de las intervenciones logradas mediante las mitigaciones. Según Tabe, las obras asociadas a proyectos como Campos Elíseos, Parque Jaime Torres Bodet, BeGrand, Munet y Carso alcanzan una inversión aproximada de 600 millones de pesos.
La cifra resulta significativa porque, de acuerdo con el alcalde, equivale aproximadamente al presupuesto de obras que tendría la demarcación durante un periodo completo de gobierno.
Desde esta perspectiva, el cumplimiento de las mitigaciones no solo representa una obligación regulatoria, sino también una herramienta para ampliar la inversión pública y mejorar la infraestructura urbana sin recurrir exclusivamente a recursos gubernamentales.
La apuesta por un marco legal más estricto
El siguiente paso para la administración de Miguel Hidalgo busca consolidarse desde el ámbito legislativo. Tabe exhortó al Congreso de la Ciudad de México a discutir y aprobar la iniciativa enviada por su gobierno para fortalecer las obligaciones de los desarrolladores inmobiliarios.
La propuesta plantea que los proyectos destinen de manera obligatoria al menos el 4% del monto total de inversión a obras de mitigación. Además, contempla mecanismos de presión más eficaces para evitar retrasos en los pagos y compromisos adquiridos.
Entre las medidas propuestas destaca la suspensión de obras cuando, después de un año del registro de la manifestación de construcción, el desarrollador no haya cubierto el pago correspondiente de mitigaciones ante la Tesorería.
Desarrollo sí, pero con responsabilidades
El caso de Miguel Hidalgo refleja una discusión cada vez más relevante en las grandes ciudades: cómo equilibrar la inversión inmobiliaria con la calidad de vida de quienes habitan las zonas impactadas por el crecimiento urbano.
La postura del gobierno local es que no existe contradicción entre atraer inversiones y exigir responsabilidades. Por el contrario, sostiene que el desarrollo urbano solo puede consolidarse cuando existen reglas claras, supervisión efectiva y beneficios compartidos para las comunidades.
La discusión de fondo no es únicamente la construcción de nuevos edificios, sino la capacidad de las ciudades para garantizar que el crecimiento privado contribuya también a mejorar el espacio público. En Miguel Hidalgo, la administración asegura que esa etapa de exigencia ya comenzó y que no habrá excepciones para quienes pretendan eludir sus obligaciones.
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