¿De qué se acusa exactamente a Israel? ¿Qué posibilidades hay que los israelíes lleguen al banquillo de los acusados? ¿Los palestinos también deberían ser investigados? ¿Se podría haberse evitado todo esto?
A última hora de la tarde del viernes pasado, minutos antes de que Shabat comenzara en Israel, la fiscal general de la Corte Penal Internacional lanzó una bomba legal cuando anunció su intención de iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos.
Cómo terminará exactamente el proceso que puso en marcha es un tema completamente abierto: En el peor de los casos, desde una perspectiva israelí, veríamos al primer ministro Binyamín Netanyahu, a antiguos y actuales Ministros de defensa y jefes del ejército encontrándose en el banquillo de La Haya, acusados de crímenes de guerra, dentro de unos años.
Alternativamente, el alboroto de la CPI podría terminar en unos meses con la corte decidiendo que no tiene la jurisdicción para lidiar con el conflicto israelí-palestino, y simplemente cerrando el caso.
Como era de esperar, los palestinos elogiaron la decisión de la fiscal Fatou Bensouda como el comienzo del fin de la impunidad israelí, mientras que el gobierno de Jerusalén la denunció como escandalosa, absurda e ilegal según el derecho internacional. Netanyahu llegó a calificarlo como “puro antisemitismo”.
Uno puede debatir si esa retórica ayuda o perjudica el caso de Israel, y no debe olvidarse que aquí estamos en temporada de elecciones. De cualquier manera, la decisión de Bensouda, cinco años después, se basa en argumentos legales complejos, razón por la cual incluso los periodistas veteranos que escriben para algunos de los periódicos más leídos del país han errado en puntos centrales.
El titular del Yediot Ajaronot del domingo, por ejemplo, denunció, en grandes letras, “La hipocresía de La Haya”, argumentando que la CPI estaba detrás de Israel ya que no se molestaron en investigar a otros presuntos autores de crímenes de guerra. De hecho, Bensouda también dijo explícitamente que “hay una base razonable para creer que los miembros de Hamás y los grupos armados palestinos” cometieron varios crímenes de guerra.
De hecho, Bensouda indicó que el sistema legal de Israel, que investiga las presuntas irregularidades de los soldados israelíes, puede ser lo suficientemente bueno como para hacer que la participación de la CPI sea redundante y, por lo tanto, inadmisible. Sin embargo, la falta total de responsabilidad por las acciones llevadas a cabo por Hamás no plantea esa pregunta a la otra parte, determinó.
Lo que sigue son siete preguntas y respuestas que tienen como objetivo explicar la importancia de la decisión de Bensouda.
- ¿Qué anunció exactamente la fiscal el viernes?
Bensouda declaró que “después de una evaluación exhaustiva, independiente y objetiva de toda la información confiable disponible para mi Oficina”, ha concluido un examen preliminar “sobre la situación en Palestina” que comenzó a principios de 2015. Su oficina encontró que hay un “razonable base para proceder con una investigación”.
Al mismo tiempo, reconoció que La Haya puede no tener la jurisdicción para tratar con Israel / Palestina. Por lo tanto, solicitó una decisión de tres jueces de la CPI para determinar el alcance de la jurisdicción territorial de la corte.
La propia fiscal cree que “Palestina”, que se adhirió al Estatuto de Roma, el documento fundamental de la corte, a principios de 2015, es un estado suficiente para transferir la jurisdicción penal sobre su territorio a la corte. La CPI, por lo tanto, puede investigar presuntos delitos que se llevaron a cabo en cualquier lugar de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, según su opinión.
Sin embargo, reconociendo los “asuntos legales y fácticos únicos y muy controvertidos” con respecto a la cuestión de la condición de Estado palestino, solicitó que la llamada cámara preventiva de la CPI “pronuncie rápidamente” sobre dónde, si es que existe, el tribunal tiene jurisdicción. “La resolución de este problema fundamental es necesaria ahora por varias razones”, escribió. “Primero, permitirá la consideración judicial de una cuestión esencial antes de embarcarse en un curso de acción que podría ser polémico… Segundo, una resolución temprana facilitará la realización práctica de la investigación del Fiscal al demarcar el alcance adecuado de sus deberes y poderes con respecto de la situación y evitar una posible disputa sobre la legalidad de sus solicitudes de cooperación”.
Los manifestantes se reúnen frente a la Corte Penal Internacional, CPI, instando a la corte a enjuiciar al ejército de Israel por crímenes de guerra, en La Haya, Países Bajos, 29 de noviembre de 2019. (Foto AP / Peter Dejong)
- ¿De qué acusó exactamente a Israel y a los palestinos?
En su informe de 112 páginas publicado el viernes, la fiscal dijo que hay “una base razonable para creer que se cometieron crímenes de guerra” tanto por las Fuerzas de Defensa de Israel como por Hamás y otros “grupos armados palestinos”.
Primero, en el marco de la Operación Margen Protector de 2014, la guerra de 50 días librada contra los terroristas de Gaza, Israel está acusado de:
- Lanzar intencionalmente al menos tres ataques desproporcionados.
- Realizar una matanza intencional y causar lesiones graves.
- Atacar intencionalmente al personal o las instituciones de la Cruz Roja.
Mientras que Hamás y otros grupos armados están acusados de:
- Atacar intencionalmente a civiles israelíes.
- Utilizar a civiles palestinos como escudos humanos.
- Privar voluntariamente a los civiles de los derechos a un juicio justo.
- Matanza intencional.
- Tortura o trato inhumano.
- “Ultrajes contra la dignidad personal”, que se refiere al trato humillante y degradante.
Miembros de Hamas enmascarados llevan un modelo de un cohete durante un mitin en el centro de la Franja de Gaza el 12 de diciembre de 2014. (Abed Rahim Khatib / Flash90)
En el contexto de la discusión sobre la Operación Margen Protector, el fiscal señala que las FDI han iniciado investigaciones sobre presuntas irregularidades por parte de sus soldados y “la existencia de procedimientos pendientes en relación con otras denuncias”.
Dado que la CPI solo puede iniciar procedimientos si el gobierno de un país no investiga adecuadamente tales acusaciones, Bensouda escribió que tendrá que seguir revisando el “alcance y la autenticidad de los procedimientos internos relevantes” que siguen en curso.
Sin embargo, señaló, no hay duda de que los crímenes presuntamente cometidos por grupos palestinos en Gaza no están siendo investigados y, por lo tanto, son un tema justo para la CPI.
En segundo lugar, Israel puede haber cometido crímenes de guerra al promover el movimiento de asentamientos. Según el párrafo 8 (2) (b) (viii) del Estatuto de Roma, la “transferencia, directa o indirecta, por parte de la Potencia ocupante de partes de su propia población civil al territorio que ocupa” se considera un crimen de guerra.
Tercero, Bensouda dice que su investigación también puede tratar con presuntos crímenes cometidos por las tropas de las FDI utilizando “medios no letales y letales” para defenderse de los habitantes de Gaza que, a menudo a instancias de Hamás, se amotinaron semanalmente en la cerca fronteriza con Israel durante la llamada “Marcha del Retorno”, que comenzó en marzo de 2018.
- ¿Cómo procederá la cámara preventiva y cuándo lo sabremos?
La sala preventiva tiene 120 días para emitir su fallo sobre el alcance de la jurisdicción del tribunal. Por lo tanto, parece muy probable que su decisión solo se publique después de las próximas elecciones israelíes, y posiblemente solo después de que se forme un nuevo gobierno en Jerusalén.
Lo que los tres jueces de la cámara, Péter Kovács, de Hungría, Marc Perrin de Brichambaut, de Francia, y Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, de Benin, van a decidir es una incógnita. Podrían adoptar la posición de Israel, que la CPI no tiene jurisdicción sobre Israel / Palestina en absoluto.
El viernes por la tarde, el fiscal general Avijai Mandelblit publicó una opinión legal de 34 páginas que explica, con gran detalle, por qué está convencido de que la CPI “manifiestamente carece de jurisdicción” sobre el caso porque “no existe un Estado palestino soberano” que pueda delegar a la corte jurisdicción penal sobre su territorio y nacionales.
Pero si los jueces no se ven conmovidos por la tesis de Mandelblit, es probable que respalden la posición de Bensouda, que postula que la “resolución de cuestiones más amplias con respecto al Estado palestino es innecesaria” ya que “Palestina” se adhirió al Estatuto de Roma y se convirtió formalmente en un “Estado” parte de la corte.
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, saluda a la multitud durante las celebraciones por su intento exitoso de ganar el reconocimiento de la condición de estado de la ONU el 2 de diciembre de 2012. (Crédito de la foto: Nasser Shiyoukhi / AP)
Alternativamente, los tres jueces podrían decidir que el tribunal tiene jurisdicción solo sobre Jerusalén Este y Cisjordania, pero no sobre Gaza, ya que la Autoridad Palestina no controla el enclave costero. O podrían decidir que la jurisdicción solo se extiende a las Áreas A y B de Cisjordania, que de acuerdo con los Acuerdos de Oslo es el área donde los palestinos tienen control administrativo, a diferencia del Área C, donde Israel retuvo la jurisdicción territorial completa.
- ¿Qué sucede durante los 120 días?
Bensouda instó el viernes a la cámara preventiva a permitir que varias partes relevantes presenten su caso con respecto a la jurisdicción. Si bien no lo dice explícitamente, parecía alentar a los jueces a invitar a funcionarios israelíes a participar en el proceso.
Durante los últimos cinco años, la fiscalía se enteró que tanto israelíes como palestinos, así como sus respectivos partidarios, tienen opiniones detalladas sobre la cuestión de la jurisdicción, escribió. Por lo tanto, es deseable un “proceso abierto y participativo” para resolver la cuestión, “para que el espectro de perspectivas relevantes pueda evaluarse adecuadamente”.
Los palestinos se unirán felices a cualquier audiencia en La Haya. La parte israelí aún no ha anunciado si participará en dicho proceso. Por un lado, Israel puede aprovechar la oportunidad de influir directamente en los jueces de la cámara preventiva. Los expertos legales en Jerusalén creen que su caso es mucho más fuerte que el de Ramallah. “Lucharemos por nuestros derechos y por nuestra verdad histórica con todas las herramientas a nuestra disposición”, prometió Netanyahu el domingo durante la reunión semanal del gabinete. “Continuaremos luchando contra esto siempre”, dijo. Por otro lado, participar en el proceso daría legitimidad a los procedimientos, argumentan algunos funcionarios.
En el pasado, Jerusalén a menudo optó por no cooperar, por ejemplo, con las investigaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el comportamiento de Israel para que no se considere que legitima una organización que considera irremediablemente parcial.
- ¿Qué sucede después de los 120 días?
Si la cámara preventiva dictamina que el tribunal no tiene jurisdicción para tratar el asunto, los palestinos pueden recurrir a la cámara de apelaciones del tribunal, que consta de cinco jueces. Se puede esperar que su decisión siga en unos pocos meses.
Sin embargo, Israel no podrá apelar una decisión que dice que la CPI tiene jurisdicción sobre la “situación en Palestina”, ya que no es miembro de la corte. No está claro si un tercer estado, que es miembro de la corte y está bien dispuesto hacia el estado judío (por ejemplo, el Reino Unido, Hungría, Canadá o Brasil), podría impugnar legalmente el fallo de la cámara preventiva.
- Si se considera que el tribunal tiene jurisdicción sobre “Palestina”, ¿qué sucede después?
Si el fiscal recibe la luz verde de la cámara preventiva, y una vez que se agote el proceso de apelaciones, “Palestina” se uniría a Uganda, Kenia, Libia, Malí, Georgia y media docena de otras zonas de conflicto actualmente bajo investigación de la CPI.
Mientras que durante el examen preliminar el fiscal se basó en información disponible públicamente, la investigación es un proceso criminal, podría tener consecuencias bastante dramáticas para los funcionarios israelíes. Durante su investigación, tendrá que reunir el testimonio de testigos para establecer la culpa más allá de una duda razonable. Para hacer eso, Bensouda tiene el derecho de emitir órdenes de arresto para las personas que quiere entrevistar.
Los 123 estados miembros de la corte están teóricamente obligados a cooperar con tales órdenes de arresto, lo que podría perjudicar severamente la capacidad de los funcionarios israelíes para viajar a Europa, América del Sur y África.
La Corte Penal Internacional en La Haya, 22 de agosto de 2016, en el juicio del supuesto líder islamista vinculado a Al Qaeda Ahmad Al Faqi Al Mahdi por la destrucción de mausoleos históricos en la ciudad de Timbuktu, en el desierto de Malí. (AFP / ANP / Patrick Post)
En la práctica, sin embargo, los estados a menudo no han cooperado con las solicitudes del fiscal. Canadá, por ejemplo, le dijo a la corte hace años que no reconoce a Palestina y, por lo tanto, no cooperará con sus solicitudes al respecto.
No está del todo claro cuánto duraría la investigación. Bensouda tardó media década en concluir su examen preliminar, y la investigación real, durante la cual debe volver a investigar todo desde cero, también podría demorar muchos años.
El mandato de Bensouda como fiscal jefe finaliza en junio de 2021. Pero incluso si su sucesor decidiera concluir la investigación con acusaciones para funcionarios israelíes (y palestinos), el camino de esto a un juicio y eventuales condenas también sería muy, muy largo.
La CPI tiene recursos muy limitados, y solo juzga a los acusados que puede tener en sus manos. Un funcionario israelí que no quiera ser puesto en el banquillo podría simplemente quedarse en casa o limitar su viaje a los muchos países que no cooperan con la corte.
- ¿La CPI señala injustamente a Israel?
Ciertamente es posible argumentar que ser arrastrado al conflicto israelo-palestino no es un buen juego para el tribunal. Una guerra civil sangrienta se ha desatado durante años en Siria con cientos de miles de muertos y millones de desplazados; hay violaciones masivas de los derechos humanos en China, Myanmar, Irán, Corea del Norte y otros lugares; y La Haya no hace nada.
En cambio, la CPI, que busca enjuiciar solo los “crímenes más graves de interés internacional”, se está preparando para investigar una democracia occidental que insiste en que está luchando contra conflictos defensivos contra organizaciones terroristas brutales, y construyendo hogares en territorio en disputa capturado en una defensa guerra.
Por otro lado, este argumento de “qué hay de los otros” tampoco es del todo sencillo. Los estados antes mencionados, como Israel, no son miembros de la CPI y, por lo tanto, el tribunal no tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en sus respectivos territorios.
La CPI no eligió involucrarse en el conflicto israelí-palestino. No inició el proceso. De hecho, es razonable suponer que el tribunal, con sus recursos limitados y su mala reputación, esperaba mantenerse alejado de él. Sin embargo, fue arrastrado por los palestinos. Frustrado por la falta de progreso en el proceso de paz, Ramallah vio a La Haya como un lugar conveniente para sumar puntos potentes contra Israel.
Sin embargo, se puede argumentar que el fiscal podría haber rechazado fácilmente el caso al determinar que la CPI no tiene jurisdicción porque Palestina no es un estado. Si ella eligió el camino opuesto por razones puramente legalistas o político-ideológicas, es posible que nunca lo sepamos definitivamente. Pero pronto descubriremos si la sala de jueces está de acuerdo o rechaza sus argumentos.
Mientras tanto, vale la pena señalar que el anuncio del fiscal la semana pasada no fue una sorpresa para Israel. Durante los últimos cinco años, los altos políticos, incluidos los de la derecha, estaban muy conscientes que Bensouda estaba observando cada paso de Israel. El apoyo vocal de Netanyahu para expandir los asentamientos, incluidos sus recientes votos reiterados para anexar porciones significativas de Cisjordania, evidentemente no ayudó a convencerla de cerrar el caso y dejar que así fuera.
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