El senador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de agravar las penas para quienes cometan delitos en el transporte público o concesionado.
La propuesta busca sancionar con mayor severidad delitos como robos, abuso sexual o violencia cuando se cometan dentro de unidades, paraderos, estaciones, terminales o instalaciones del transporte público, incluyendo autobuses, combis o taxis.
El legislador explicó que el transporte público es un servicio esencial utilizado diariamente por millones de personas para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas o realizar actividades cotidianas, por lo que es necesario fortalecer las medidas que protejan la seguridad de los usuarios.
“La exposición diaria de las y los pasajeros al riesgo de ser víctimas de delitos hace indispensable elevar las penas cuando dichos delitos se cometan en el transporte público, con el fin de disuadir estas conductas y proteger los derechos humanos de los grupos más vulnerables”, señaló.
Violencia contra mujeres en el transporte
De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 70.9% de las mujeres se sienten inseguras al utilizar el transporte público.
Asimismo, datos del Instituto Nacional de las Mujeres revelan que nueve de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia en estas unidades, incluyendo agresiones verbales, persecución, acoso o abuso sexual.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 señala que 23.7% de las personas dejaron de usar transporte público por temor a ser víctimas de delitos, mientras que 36.7% evita tomar taxis por considerarlos inseguros.
Cambios propuestos al Código Penal
La iniciativa contempla adicionar la fracción VI al artículo 266 Bis, para que las penas por abuso sexual o violación aumenten hasta en una mitad de su mínimo y máximo cuando estos delitos se cometan dentro de unidades o instalaciones del transporte público.
Asimismo, se plantea reformar el artículo 376 Ter para sancionar de manera específica el delito de robo cometido contra usuarios o prestadores del servicio de transporte público o concesionado.
El objetivo de esta reforma es reconocer el carácter agravado de los delitos cometidos en espacios de movilidad colectiva, donde miles de personas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
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