El Museo Memoria y Tolerancia Presenta Interesante Exposición

“Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.

Lo Inhóspito, lo Urgente y lo Sublime.

Una transformación Hacia lo Extraordinario”

 

• Retrata la labor y vida de 41 defensores y defensoras mexicanos de los Derechos Humanos.
• Incluirá contenido de defensores que apoyan a la igualdad y no discriminación (violencia contra la mujer y la comunidad LGBTTTI), el derecho de acceso a la justicia y a la verdad, a los derechos de las personas migrantes, los derechos económicos, sociales y culturales, y las personas que defienden los recursos naturales, los derechos colectivos y al agua.

En el marco del cierre del proyecto coordinado entre Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), la Oficina en Reino Unido de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI UK),  Conexx Europe y el Museo Memoria y Tolerancia, se presenta “Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Lo inhóspito, lo urgente y los sublime, una transformación hacia lo extraordinario”, una exposición que retrata la labor y la vida de 41 casos de la defensa de los Derechos Humanos en México.

“Esperemos que las batallas de estos defensores y defensoras de los Derechos Humanos encuentren un cauce positivo y victorioso en un futuro muy cercano, para que sus enormes capacidades se canalicen únicamente en tareas dedicadas al engrandecimiento de un México sin violencia, pacífico y respetuoso de los Derechos Humanos”, mencionó Linda Atach, Directora de Exposiciones Temporales del Museo Memoria y Tolerancia.  “Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Lo inhóspito, lo urgente y los sublime, una transformación hacia lo extraordinario” es una demostración de empatía y apoyo, en la que el MyT reafirma su admiración por la incansable labor de los hombres y las mujeres valerosos y ejemplares, que en su día a día nos dan una lección de vida e integridad.

A través de fotografías de Fernando Cortiglia Bosch, esta muestra comparte las historias de defensores y defensoras que apoyan a personas migrantes, a la democratización de condiciones laborales con una perspectiva de género, a familias y personas privadas de la libertad, a causas LGBTTTI, el medio ambiente, entre otras. Con ello, se busca un cauce positivo y victorioso en un futuro muy cercano, para que sus enormes capacidades se canalicen únicamente en tareas dedicadas al engrandecimiento de un México sin violencia, pacífico y respetuoso de los Derechos Humanos.

Con este proyecto,  parte de “La protección de los defensores de Derechos Humanos a través de su capacitación y visibilidad”, el Museo Memoria y Tolerancia quiere reflejar su interés ante la situación de vulnerabilidad que viven  las personas que promueven y defienden los Derechos Humanos en México.

 

 

Algunos de los 41 Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos

Participantes en la Exposición

 

Irina Layevska, es asesora, educadora y defensora de la igualdad de género y de la diversidad sexual, México D.F. Irina Layevska ha enfrentado diversas formas de discriminación y violación a sus derechos debido a su historia política, su discapacidad física, su orientación sexual y su identidad de género, al vivir un proceso de reasignación sexo-genérica. Acompaña y asesora a Intersindicalistas, un colectivo formado por trabajadoras de taquilla del metro de la Ciudad de México. Fue candidata a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 2013.

 

 

Padre Alejandro Solalinde Guerra, fundador y director del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, Ciudad Ixtepec, Oaxaca. El Padre Solalinde es defensor de los Derechos Humanos de las personas migrantes. El albergue que dirige al sur de México proporciona asistencia médica, psicológica y orientación jurídica a los migrantes de Centroamérica que transitan por el territorio mexicano. Por sus acciones y declaraciones, fue víctima de un intento de linchamiento y ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones por grupos criminales y autoridades estatales. Tuvo que salir del país temporalmente en 2012.

 

Raúl Ramírez Baena, director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Mexicali, Baja California. Raúl se trasladó en los años 80 a Tijuana para apoyar a las personas migrantes. En 2003, después de ocupar el cargo de Procurador de Derechos Humanos del estado, fundó la CCDH en Mexicali. Raúl Ramírez fue amenazado por involucrarse en el caso de desaparición, detención y tortura por parte de militares de miembros de la familia Ruíz Lara, acusados de delitos de delincuencia organizada. El defensor responsabilizó a las autoridades militares por las amenazas sufridas.

 

Nélida Reyes Guzmán es trabajadora de taquilla del Metro del Distrito Federal e integra Intersindicalistas, Trabajadoras de Taquilla, STC, México, D.F. Desde 1983, Nélida Reyes ha impulsado acciones para democratizar las condiciones laborales con una perspectiva de género. La defensora ha sido víctima de discriminación y acoso laboral por parte del Sindicato del Metro de la Ciudad de México al reclamar sus derechos. También ha recibido amenazas de violación y, sujetos desconocidos, le dispararon en su lugar de trabajo.

 

Miguel Ángel García Leyva, asesor legal y fundador de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, Mexicali, Baja California. Miguel Ángel García exige justicia para las víctimas de desaparición forzada registradas en el noroeste de México: Sinaloa, Sonora y Baja California. Además, investiga desplazamientos forzados, acciones de impunidad y apoya a grupos vulnerables. Derivado de ello, ha denunciado persecución, hostigamiento, atentados y amenazas por parte de autoridades federales y estatales.

 

María Teresa Vallejo Pérez, abogada, académica y presidenta del Centro de Rehabilitación, Fuerza, Unión y Tolerancia, Tijuana, Baja California. María Teresa Vallejo brinda asistencia a familiares y personas privadas de la libertad a través de la organización que preside. En mayo de 2011, sujetos desconocidos ingresaron a su domicilio particular y provocaron una fuga de gas. En julio de ese mismo año, una persona armada y encapuchada amenazó a María Teresa Vallejo cuando salía de su casa, advirtiéndole que abandonara su trabajo en las cárceles. La situación de riesgo obligó a la defensora a abandonar el estado.

 

Jorge Andrade, cofundador e integrante del Colectivo Ustedes Somos Nosotros, México D.F. Ustedes Somos Nosotros surgió en julio de 2012 en respuesta a acontecimientos como el cierre del albergue San Juan Diego, en Lechería, Estado de México, y el descarrilamiento del tren que dejó varados a cientos de personas migrantes en el sur de México. El Colectivo proporciona asistencia humanitaria, asesoría y acompañamiento por violaciones a derechos humanos de personas migrantes en la ruta del Estado de México. Sus cofundadores Andrea González y Jorge Andrade han sido objeto de amenazas, hostigamientos, allanamiento y robo de información, éste último sufrió un ataque en abril de 2014 en donde resultaron heridas dos personas por arma de fuego. En noviembre de 2014, dos voluntarios del Colectivo, Adrián y Wilson, fueron asesinados.

 

Elsa Arista González, promotora y observadora de derechos humanos, integrante de la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos, México, D.F. Elsa Arista trabaja para la organización Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos ofreciendo talleres de educación en derechos humanos y trabajo comunitario. En el interior de la República, principalmente en Guerrero y Puebla, desarrolla trabajos de observación y apoyo en proyectos comunitarios. Fue agredida durante la marcha del 2 de octubre, en 2013.

 

Altagracia Tamayo Madueño, trabajadora social y presidenta del Consejo Binacional por la Diversidad Sexual, Discriminación e Igualdad y la Defensa de los Derechos Humanos de los Grupos Vulnerados (COBINA), Mexicali, Baja California. Altagracia Tamayo acompaña a trabajadoras sexuales y defiende derechos del colectivo LGBTTI. La defensora fue víctima de intimidaciones por parte de la policía municipal de Mexicali por ejercer su trabajo. Sufrió hostigamiento por “faltas a la moral” por parte de la policía. Ha sufrido consecuencias relacionadas directamente con su actividad de defensora, fue encarcelada en tres ocasiones.

 

Alejandra Serrano Pavón, abogada ambientalista y coordinadora de la oficina del sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Cancún, Quintana Roo. CEMDA es una organización con sede en la ciudad de México y en otras cuatro regiones del país. Sus integrantes han recibido intimidaciones y hostigamientos por su oposición a varios proyectos de desarrollo que afectan el medio ambiente, los recursos naturales y las comunidades locales. El CEMDA denunció violaciones a los procesos de evaluación ambiental en el proyecto comercial chino Dragon Mart, en Cancún. Alejandra Serrano vio afectada su seguridad por este caso.

 

Zuzana Oviedo Bautista, Comunidad Raíz Zubia, Acapulco de Juárez, Guerrero. Zuzana Oviedo promueve el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Acompaña a jóvenes, niñas, niños, mujeres indígenas, así como a mujeres víctimas de violencia y campesinos en el estado de Guerrero. Los integrantes de su organización han recibido amenazas, intentos de criminalización y hostigamientos.

 

Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), Atoyac de Álvarez, Guerrero. AFADEM lucha por la verdad y la justicia para cientos de personas víctimas de desaparición forzada en Guerrero en el contexto de la Guerra Sucia en México. Junto con la CMDPDH, ha denunciado al Estado mexicano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el caso del padre de Tita, Rosendo Radilla Pacheco, detenido desaparecido tras haber sido detenido en un retén militar en Atoyac de Álvarez en agosto de 1974.

 

Silvia Pérez Yescas, fundadora de Mujeres Indígenas por CIARENA, Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Lombardo, Oaxaca. Silvia Pérez, de origen chinanteca, es luchadora social desde 1972. Fundó en 2001 la organización CIARENA, que defiende los derechos y la autonomía de las mujeres y pueblos indígenas en Oaxaca. Por denunciar los abusos de poder del estado y defender a las compañeras víctimas de violencia doméstica, fue atacada por más de diez personas que rodearon su casa y amenazaron con matarla junto con un familiar. Silvia Pérez se vio obligada a desplazarse de la región. Obtuvo el reconocimiento Hermila Galindo por su labor de defensa de los derechos humanos en 2015.

 

María del Carmen Rioseco Gallegos, defensora de los derechos de las mujeres, Grupo Feminista Alaíde Foppa, Mexicali, Baja California. María del Carmen Rioseco es defensora de los derechos de las mujeres y niñas desde hace 30 años, principalmente de los derechos sexuales y reproductivos. Actualmente atiende un programa de atención a trabajadoras sexuales junto con otras organizaciones. Fue hostigada en varias ocasiones por parte de la policía local y de las autoridades. Por promover el derecho a decidir de la mujer ha sido agraviada, sufrió intervenciones telefónicas y su organización fue víctima de robo.

 

Hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, directora general de Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (SMR) sección México, México, D.F. La Hermana Leticia es religiosa y misionera, fundadora de la organización SMR Scalabrinianas, que acompaña y protege a las personas migrantes que se encuentran en México. Por defenderlas y denunciar los abusos que sufren, Leticia Gutiérrez ha sido amenazada. En 2011, impidió que un grupo de personas xenófobas, incitadas por la autoridad, quemaran un albergue. En 2013, un grupo criminal le advirtió que está vigilando sus actividades.

 

Mariano López Gómez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), Juchitán, Oaxaca. Mariano López defiende los recursos naturales, el mar y sus territorios, que pertenecen a pescadores y campesinos, frente a los megaproyectos eólicos que se desarrollan principalmente en el municipio de Juchitán. Debido a su protesta contra empresas internacionales, ha recibido amenazas.

 

Nadín Reyes Maldonado, fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, México, D.F. Nadín Reyes es hija de Edmundo Reyes Amaya, detenido desaparecido en 2007, junto a Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en Oaxaca. Fundó el Comité Hasta Encontrarlos para alertar sobre éste y otros muchos casos de desaparición forzada en México. Durante sus investigaciones, la defensora tuvo que enfrentar simulación y engaño por parte de las autoridades que no querían investigar. También ha sufrido seguimiento y robo.

 

Jorge Carrasco Araizaga, periodista del semanario Proceso, México, D.F. Jorge Carrasco realiza en nombre de la revista mexicana el seguimiento periodístico y legal del asesinato de su colega Regina Martínez en 2012 en el estado de Veracruz. Después de denunciar de forma reiterada incongruencias en la investigación judicial y falta de voluntad política para esclarecer la muerte de su compañera, fue objeto de un plan que pretendía secuestrarlo, obligándole a salir temporalmente del país. Actualmente se encuentra bajo protección policial.

 

Sara Bartolo López, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), Juchitán, Oaxaca. Sara López es defensora de los recursos naturales marinos en el municipio de Juchitán. Sara ha recibido amenazas debido a su protesta contra los megaproyectos eólicos de empresas internacionales.

 

Silvia Castillo Salgado, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Chilpancingo, Guerrero. Silvia Castillo defiende los derechos de las mujeres víctimas de violación o violencia intrafamiliar, así como sus derechos sexuales y reproductivos. La defensora y su familia recibieron amenazas vinculadas por su activismo. A pesar de las denuncias interpuestas, no hay avances en las investigaciones. Actualmente está desplazada de su lugar de trabajo y ha tenido que abandonar la organización.

 

José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), Nicolás Romero, Estado de México. Antonio Lara acompaña luchas de pueblos indígenas en el Estado de México que protegen sus culturas, tierras y recursos naturales. En 2011, autoridades estatales lo detuvieron por defender los derechos colectivos de la comunidad del Predio Guadalupe. El gobierno local amenaza con fabricarle un delito para arrestarlo si continúa con su trabajo como defensor.

 

Saúl Torres Barbosa, defensor del Medio Ambiente, Comité pro Defensa Parque Benito Juárez, Tijuana, Baja California. El Comité en el que participa Saúl Torres interpuso una solicitud de amparo para impedir que siguiera un proyecto de construcción en un parque de Tijuana. A pesar de esto, se iniciaron las obras en septiembre de 2013. Al protestar en la zona, él y su compañero, Eliseo Sandoval, fueron desalojados de manera violenta.

 

Juan Carlos Trujillo Herrera y María Elena Herrera Magdaleno, familiares de personas desaparecidas y fundadores de Familiares en Búsqueda María Herrera, México, D.F. En 2008, los hijos de María Herrera, hermanos de Juan Carlos Trujillo, Jesús Salvador y Raúl, desaparecieron en Guerrero cuando vendían piezas rotas de oro. Después de quedarse sin recursos en la búsqueda, en 2010, sus otros hijos, Gustavo y Luis Armando, volvieron al negocio. Ambos fueron detenidos en un retén militar y desaparecieron. María Herrera y Juan Carlos Trujillo han acompañado, asesorado, documentado y defendido este y otros casos de personas desaparecidas. Recientemente crearon la asociación Familiares en Búsqueda. Han recibido amenazas en su averiguación de la verdad.

 

Eliseo Sandoval Cabrera, defensor del medio ambiente, integrante del Comité pro Defensa Parque Benito Juárez, Tijuana, Baja California. Eliseo Sandoval se opone a la destrucción del parque Benito Juárez en Tijuana, considerado área natural y patrimonio cultural. El Comité al que pertenece, interpuso una solicitud de amparo para impedir que siguiera el proyecto. Sin embargo, las obras iniciaron en septiembre de 2013. Durante una protesta, integrantes del Comité fueron desalojados y Eliseo fue detenido y posteriormente liberado sin cargos.

 

Yésica Sánchez Maya, abogada feminista, directora adjunta de Consorcio para el Diálogo y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca), Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Yésica Sánchez trabaja por los derechos de las mujeres en Oaxaca. Previamente defendió a víctimas del conflicto social de Oaxaca en 2006. Actualmente trabaja sobre detención arbitraria, defensa del debido proceso legal, feminicidio y protección a defensoras en riesgo. Por ello, ha sufrido intimidación y difamación; la sede de su organización fue allanada en dos ocasiones en menos de un año.

 

Norma Mesino Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Atoyac de Álvarez, Guerrero. Norma Mesino es defensora y líder social originaria de Atoyac de Álvarez. Defiende causas comunitarias y sociales y promueve proyectos productivos entre las comunidades de la región. En los últimos años, dos de sus hermanos, Miguel Ángel y Rocío, fueron asesinados a causa de su labor. Norma Mesino continúa recibiendo amenazas.

 

Jesús Robles Maloof, abogado y ciberactivista, México, D.F. Jesús Robles Maloof es integrante de New Media Advocacy y miembro del colectivo Contingente Mx. Defiende casos de activistas amenazados, estudiantes detenidos ilegalmente durante protestas y defensores de migrantes, entre otros. Denunció públicamente estar bajo vigilancia electrónica, con sus cuentas hackeadas y sus teléfonos intervenidos.

 

Armando de la Cruz Cortés, abogado, Tequio Jurídico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Armando de la Cruz es integrante de la asociación civil Tequio Jurídico y del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, que defienden el derecho a la tierra y al territorio de comunidades indígenas de Oaxaca. Debido a su labor, ha sufrido hostigamientos y amenazas. Los hechos en su contra que ha podido denunciar permanecen en la impunidad.

 

María Luisa Garfias Marín, Colectivo Nosotras, Chilpancingo, Guerrero. María Luisa Garfias es miembro del Consejo para la Defensa de los Defensores de Derechos Humanos del estado de Guerrero e integra el Colectivo Nosotras, la Red Guerrerense de Derechos Humanos y la Red de Mujeres Indígenas. Actualmente acompaña a mujeres indígenas. Por su labor, sufrió amenazas y su casa fue allanada.

 

Meritxell Calderón Vargas, abogada e integrante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, Tijuana, Baja California. Meritxell Calderón es activista desde hace 20 años. Se ha enfocado en defender los derechos de los migrantes, de las personas con adicciones, tras haber crecido en un centro de rehabilitación para pacientes adictos a la heroína. También protege los derechos de las mujeres y de la población LGBTTI. Esta labor le ha ocasionado detenciones, amenazas de muerte y robos.

 

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM, Atoyac de Álvarez, Guerrero. Julio Mata brinda acompañamiento a familias de personas víctimas de desaparición forzada y no localizadas principalmente en el estado de Guerrero. Desde 1996, forma parte de la AFADEM, organización a la que llegó tras la detención y desaparición de su hermano. Ha sufrido vigilancia y amenazas por su labor.

 

Claudia Erika Zenteno Zaldívar, defensora del medio ambiente, Xochimilco, México, D.F. Claudia Zenteno vive cerca de la zona ecológica lacustre de Xochimilco, Patrimonio Natural de la Humanidad, al sur de la capital de México. Al denunciar invasiones ilegales de construcciones y negocios en esta zona protegida, recibió amenazas y hostigamientos. Un familiar fue víctima de secuestro con la intención de poner fin a su activismo.

 

Janet Figueroa Sánchez, defensora por la justicia y la verdad, Xalapa, Veracruz. Janet Figueroa es hija de Joaquín Figueroa, ejecutado extrajudicialmente junto a compañeros de trabajo por miembros de las Fuerzas Armadas en 2011. En su reclamo por la justicia, por su padre y para los familiares de otros ejecutados de este caso, encontró compadrazgos, corrupción y hostigamiento por parte de las autoridades del estado de Veracruz. La defensora tuvo que desplazarse dentro del país para mantener su seguridad.

 

María Isabel Jiménez Salinas, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), Juchitán, Oaxaca. María Isabel Jiménez, defensora de los recursos naturales marinos ha sido amenazada debido a su protesta frente a los megaproyectos eólicos que desarrollan las empresas internacionales principalmente en el municipio de Juchitán.

 

Hermelinda Tiburcio Cayetano, trabajadora social e integrante de K’inal Antsetik, Chilpancingo, Guerrero. Hermelinda Tiburcio es trabajadora social y activista en la zona mixteca de Guerrero. A raíz de la denuncia presentada ante el ministerio público por la corrupción y la violación de los derechos económicos de las mujeres y las poblaciones indígenas, fue amenazada y sufrió un intento de homicidio. Por su seguridad, tuvo que salir de su estado temporalmente.

 

Fray Tomás González Castillo, director del albergue de migrantes “La 72”, Tenosique, Tabasco. Por la labor de apoyo de Fray Tomás a miles de personas migrantes indocumentadas en su camino hacia Estados Unidos, ha recibido numerosas amenazas y hostigamientos por parte de autoridades locales y federales, así como del crimen organizado. Recibió el premio 2013 franco-alemán de derechos humanos.

 

Fernando Ocegueda Flores, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos, Tijuana, Baja California. Fernando Ocegueda se dedica a la búsqueda de justicia y de la verdad en la desaparición de cientos de personas en el estado de Baja California. Sufrió varias amenazas de muerte e intimidaciones por investigar la desaparición de su hijo en 2007: armadas, 20 personas allanaron su casa para llevárselo por la fuerza. Nada se sabe de su hijo desde entonces.

 

Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Santa María Xadani, Oaxaca. Bettina Cruz es defensora de la tierra y del territorio, del pueblo binni’zaa (zapoteco), al sur del estado de Oaxaca. La defensora integra el movimiento de resistencia civil contra los precios altos de la electricidad y la lucha frente a los megaproyectos eólicos. Ha enfrentado amenazas significativas debido a su labor por los derechos humanos.

 

Apolonia Placido Valerio, coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena Nellys Palomo Sánchez, San Luis Acatlán, Guerrero. Apolonia Plácido es defensora de los derechos de las mujeres indígenas en la región Costa Chica del estado de Guerrero. A través de su organización, la Casa de la Mujer Indígena Nellys Palomo Sánchez, se dedica a favorecer la promoción de la salud sexual y reproductiva, así como prevenir la violencia que sufren las mujeres indígenas en su región. La defensora se encuentra bajo serias amenazas desde hace más de un año y es constantemente vigilada.

 

Alberto Donis Rodríguez, migrante guatemalteco y coordinador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Alberto Donis es originario de Guatemala, desde donde intentó migrar hacia Estados Unidos en varias ocasiones. Durante su tránsito por México, en 2008, conoció al Padre Solalinde y se quedó trabajando con él en el albergue Hermanos en el Camino. Desde entonces, documenta y denuncia violaciones de derechos humanos a los migrantes y a las personas defensoras por parte de autoridades, labor por la que ha sido amenazado.